24 de Marzo de 2012
La reforma laboral implica un inmenso traspaso de rentas de los trabajadores a los empresarios, de miles de millones, sin negociación ni compensación alguna
LA RUPTURA DEL PACTO SOCIAL
Nuestro país se incorporó tarde al proceso de construcción del Estado de Bienestar. El atraso económico y la dictadura impidieron que España participara de lo que se llamó el “pacto keynesiano” que tras la Segunda Guerra Mundial alcanzaron en Europa la izquierda y la derecha, socialdemócratas y democracia cristiana, y que incluía como elemento central la presencia de sindicatos fuertes y el reconocimiento de la negociación colectiva como instrumento frente a la desigualdad en las relaciones de producción, llegando en algunos países hasta la “cogestión” en las empresas.
En España el franquismo había eliminado a los sindicatos, sometiendo a los trabajadores a la dictadura del capital y aquel pacto no pudo llevarse llevó a cabo hasta la Constitución de 1978, consensuada entre la derecha y la izquierda, que constituía a nuestro país en un “Estado social y democrático de Derecho” (Art.1.1), en el que sindicatos son pilares inexcusables para la defensa de los intereses de los trabajadores (Art.7), garantizándose el derecho a la negociación colectiva y a la huelga (Arts.37.1 y 28.2).
Sobre esta base común los sucesivos gobiernos de la transición fueron promoviendo las leyes básicas reguladoras del conflicto social, fundamentalmente el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), buscando un equilibrio entre capital y trabajo cuyos elementos centrales eran la libertad de mercado y de empresa, la negociación colectiva como vía de regulación de las condiciones de trabajo y la mejora progresiva de la situación de los trabajadores. Contemplando, además, la participación de los sindicatos en distintas funciones y órganos del Estado, para garantizar el “salario social”: pensiones, sanidad, educación, vivienda, etc.
Ese pacto social ha quedado drásticamente truncado con la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, con una profunda ruptura del equilibrio en las relaciones de trabajo, imponiendo un cambio de modelo que otorga a los empresarios un poder de disposición sobre salarios y condiciones de trabajo como no tenían desde el franquismo.
Ante todo la reforma pretende una generalizada devaluación salarial. El Gobierno, al no poder recurrir a la devaluación monetaria, opta por una mejora de la productividad del sistema sobre las espaldas de los trabajadores vía disminución de los costes laborales. Son muchas las medidas que con este objetivo se incluyen: la prioridad absoluta en materia salarial del convenio de empresa, cuya razón es simplemente la bajada generalizada de salarios; la facultad que se otorga al empresario para que unilateralmente reduzca los salarios, sean pactados colectivamente sea en contrato individual; la rebaja radical del coste del despido, de 45 días a 20 días, además de la rebaja en el tope máximo de 42 mensualidades a un año; la desaparición de los salarios de tramitación en la declaración judicial de improcedencia del despido; y la eliminación de la autorización administrativa en los EREs, que la exposición de motivos impúdicamente justifica precisamente para que no se pacten indemnizaciones superiores a 20 días año.
Todo ello implica un inmenso traspaso de rentas de los trabajadores a los empresarios, de miles de millones de euros, sin negociación ni compensación alguna. Más aún, con expreso desprecio por el Gobierno al pacto de moderación salarial incluido en el Acuerdo suscrito por sindicatos y patronal el 25 de enero pasado.
El segundo objetivo de la reforma es debilitar la posición de los trabajadores disminuyendo ostensiblemente las posibilidades de acción colectiva de los sindicatos. La derecha histórica española siempre ha estado enfrentada al movimiento sindical, salvo en la primera fase de la transición. Ahora de nuevo el PP y sus acólitos mediáticos han centrado su batalla contra los sindicatos UGT y CCOO, a quienes consideran enemigos, quizás “de clase”, y como no pueden eliminarlos como hizo la dictadura, se busca desprestigiarlos ante los trabajadores y la ciudadanía, y quitarles poder como sujeto colectivo en las relaciones laborales, para individualizarlas.
Muchas son las vías. En mi opinión la más importante es eliminar la capacidad de sindicatos y empresarios para articular y estructurar la negociación colectiva, al dar prioridad en todos los casos al convenio de empresa, promoviendo su negociación sin presencia sindical, y devaluando los convenios de sector, que tienden a homogeneizar las condiciones de trabajo, defienden mejor a los trabajadores y evitan el dumping social; eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos, de forma que por el transcurso de dos años desde el fin de su vigencia sin haberse pactado uno nuevo, todos los derechos que reconocía a los trabajadores, salariales, de jornada, etc, resultado de años de negociación y lucha, “decaen”, se pierden y tienen que volver a negociarse en su integridad. La posición empresarial se ve así reforzada de forma absolutamente extrema, pues les será mucho más fácil alcanzar sus propuestas simplemente con que transcurra el tiempo, que juega siempre a favor del empresario.
La tercera pieza, vinculada a las anteriores, es el desproporcionado incremento del poder empresarial en todos los ámbitos de la relación de trabajo. Desde aspectos aparentemente menores, como la desaparición de las categorías profesionales, hasta el poder modificar las condiciones de trabajo alegando simplemente razones económicas “relacionadas” con la competitividad o la productividad, sin prácticamente control judicial; el abaratamiento del despido y la facilitación de sus trámites; los descuelgues de los convenios sin acuerdo; el incremento a un año del período de prueba en los nuevos contratos para emprendedores, con despido libre y gratuito; incluso la limitación de los derechos de las mujeres para conciliar el cuidado de sus hijos.
Nada hay que intente equilibrar, aunque sea mínimamente, los grandes recortes económicos y de derechos que se producen. El Gobierno alega que esta reforma posibilitará la creación de empleo, pero paradójicamente el propio Gobierno anuncia que este año se producirá un incremento de 630.000 nuevos parados. Esta reforma va a empobrecer a trabajadores y clases medias y generar muchos despidos. Y con el draconiano ajuste fiscal de este año y del próximo, veremos cuántos nuevos parados generará la política del PP en el 2013.
Nunca desde el franquismo los derechos de los trabajadores habían sido tan duramente recortados. El ministro Guindos, en aquella escena en la que sumisamente informaba a sus jefes europeos sobre lo que estaban planeando, habló de una reforma “extremadamente agresiva”. Los trabajadores van a defenderse de esta agresión extrema y sin precedentes. Está en juego el futuro del Estado social.
Manuel de la Rocha Rubí es abogado laboralista y exdiputado del PSOE
